SUBE, QUE TE LLEVO

Vivimos tiempos revueltos entre las empresas de transportes y las redes sociales que conectan a personas particulares para compartir los gastos de un viaje en coche ( BlaBlaCar, Amovens).

Desde mi perspectiva, cualquiera de las dos posturas son comprensibles.

Existen numerosas teorías, ya que, está claro, que los taxistas y empresas de Autobuses defienden una postura y los creadores de estas redes sociales y usuarios defienden otra.

Quejas de los taxistas y empresas de Autobuses:

-Los conductores que prestan este tipo de servicio, compartir coche, carecen de autorización.

-Carecen de los requisitos de seguridad, como el descanso obligatorio, o muchos otros que son exigidos a los que se dedican al transporte de viajeros.

-No esta claro que las compañías de seguros respondan ante un siniestro, porque los ocupantes no tienen relación con el conductor.

-No declaran a hacienda el dinero que obtienen, lo que les hace tener unos precios por servicio muy reducidos.

Manifestaciones de los creadores de redes sociales y usuarios de estas aplicaciones:

-No se generan ganancias, tan solo compartir gastos asociados al trayecto.

-La actividad de los usuarios de estas redes sociales no es el transporte de viajeros por cuenta ajena.

-Se comparte coche con amigos ( aunque los haya conocido a través de una red social), lo que supone una actividad privada, pues en mi vehiculo llevo a quien me apetezca.

-Mi vehiculo es privado y evidentemente viajo con quien quiero.

            Que nos dice la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su articulo 101.

-En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas.

Existen otras empresas que prestar servicios parecidos a los prestados por un taxi, como es UBER, y en este caso si que podría estar inflingiendo la ley al ejercer una actividad profesional cobrando una retribución económica difícilmente demostrable de momento.

La operatividad de estas empresas ( BlaBlacar, Amovens), en otros Países no es nueva y en España ya operan desde hace al menos 5 años. De hecho, en 2011, el Ministerio de Industria realizo una campaña de sensibilización promoviendo las empresas del sector. Además, BlaBlacar firmo un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria, Telecomunicación y Comercio para fomentar las buenas practicas del coche compartido y ayudar así a la reducción de las emisiones de CO2 y la eficacia energética.

Valorando las opiniones de un sector y otro, así como de la escasa ley que regula esta problemática, me atrevería a decir que existe un vacío legal por lo que respecta a estas empresas de transporte de viajeros compartiendo gastos. Ahora bien, nunca podrá regularse el que yo, como propietario de mi vehiculo, comparta gastos en un trayecto, el cual no lo hago por negocio sino por necesidad de desplazarme un día y a una hora concreta a un lugar determinado. Se podrá manifestar que las personas que me acompañan en ese viaje y suponiendo que las conociese en una red social, no tienen ninguna vinculación conmigo como conductor de ese vehiculo, manifestaciones que en absoluto comparto.

Por lo que respecta a una  solución a esta problemática podría estar en la especificación y adaptación de la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres a las problemática en concreto, así como a la denuncia por parte de los usuarios que observen un beneficio por parte de las personas con las que comparten coche.

Lo que si que esta claro, y lo considero como experiencia propia, es que la solución no esta en depender directamente de la Policía y hacer que denuncien hechos como los que indica una ley vaga y contradictoria como es la 16/1987, pues difícilmente se puede demostrar deteniendo un vehiculo e identificando a sus ocupantes, si el conductor pudiese dedicarse de forma clandestina al servicio de viajeros o el parentesco o grado de amistad existente entre conductor y ocupantes.

Otra medida para resolver este conflicto es impulsar los servicios de transportes públicos, con precios más competitivos y unos servicios de mayor calidad, donde se aporte una estrecha colaboración entre Estado y empresas prestadoras de estos servicios, para aminorar costes con buena disposición entre ambos.  Seguramente de esta manera los usuarios decidan decantarse por los transportes públicos de toda la vida.

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